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PRINCIPALES ACCIONES DEL GOBIERNO DE MARTIN VIZCARRA A 180 DIAS DE GESTION

Durante los primeros 180 días de gestión, el gobierno del presidente Martín Vizcarra tomó medidas para enfrentar la corrupción e impulsó reformas judiciales y políticas en favor de la institucionalidad y del ciudadano. El Ejecutivo rechazó en forma contundente los casos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos, en los que están involucrados miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial. El presidente Vizcarra demandó una investigación hasta las últimas consecuencias y con celeridad. Dispuso que la Procuraduría Anticorrupción denuncie a los responsables para aplicarles una sanción severa. Entre las medidas para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, se hizo obligatoria la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de los funcionarios y servidores públicos del Ejecutivo para transparentar las acciones y prevenir conflictos de interés. Se emitió el Decreto Legislativo 1415 que dispone que los funcionarios públicos den a conocer reuniones y agendas de trabajo. Se regula así la gestión de intereses en la función pública y establece la implementación de un registro de visita obligatorio con carácter de declaración jurada. Se creó la Secretaría de Integridad Pública, que ejerce la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y desarrollar los mecanismos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupción.

Se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, instrumento elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) con las acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad en la administración pública. Se modificó el Código Penal para sancionar penalmente la corrupción en el sector privado que afecten el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas. Las sanciones alcanzarán a funcionarios, socios, accionistas y trabajadores del sector privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o sociedades irregulares, que acepten, reciban o soliciten un donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida.

Se tomó la decisión de emprender reformas del sistema político y judicial y se convocó a la unidad de la población contra la corrupción, en todos los frentes .

El 9 de agosto, el presidente Vizcarra entregó personalmente al Congreso proyectos de reforma para la no reelección de congresistas, la bicameralidad, el financiamiento privado de partidos y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Las cuatro reformas constitucionales deberán ser sometidos a referéndum en diciembre.

El presidente del Consejo de Ministros planteó la cuestión de confianza ante el Congreso, debido a la demora en la aprobación de los proyectos de reforma constitucional. El Parlamento se comprometió a aprobar las reformas antes del 4 de octubre.

Gobierno digital y descentralización

El Centro de Seguridad Digital en el Estado garantiza la protección de los datos y la construcción de una identidad digital para los ciudadanos. Asimismo, se amplió la Plataforma GOB.PE en todas las entidades públicas para mayor transparencia y rendición de cuentas. De ese modo, se ponen todos los servicios del Estado al servicio del ciudadano.

Acompañado por los ministros, el presidente Vizcarra ha recorrido todo el Perú, para atender las necesidades de las regiones.

Presidió dos Gore Ejecutivo, como una política de gobierno para estrechar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales.

Se realizaron 12 sesiones del Muni Ejecutivo en los departamentos de Tumbes, Puno, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Tacna, San Martín, Arequipa, Pasco, Madre de Dios y dos sesiones de trabajo en Áncash.

Atención a poblaciones vulnerables

El Decreto Legislativo 1384, publicado el 4 de agosto, garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Cultura lleva a las poblaciones indígenas u originarias la atención de los servicios del Estado en su lengua materna.

A fines de 2018, el Ministerio de Cultura certificará en competencias lingüísticas a 250 nuevos funcionarios bilingües, entre ellos trabajadores del gobierno regional y de instituciones como el Ministerio de Salud, Poder Judicial, Fiscalías y municipalidades provinciales del Cusco.

Justicia y Trabajo

El Estado dispone de 1,410 defensores públicos, distribuidos en las 34 direcciones distritales a nivel nacional. 205 corresponden a asistencia legal, 242 a defensa de víctimas y 963 defensores públicos penales. Entre enero y julio de este año se han brindado 643,652 atenciones.

Se cuenta con 40 Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) y tres mega ALEGRA en todo el país, así como con 349 locales de Defensa Pública. También se tiene la línea de Orientación Legal Gratuita 0800-15259.

El Ejecutivo trabajan para masificar los servicios de arbitraje popular en espacios de microempresarios y comerciantes. Este mecanismo permite resolver controversias en periodos cortos de cinco a seis meses, y ayuda a aliviar la carga procesal en el sistema de justicia.

Luego de 15 meses, se reinstaló el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Se aprobaron como ejes temáticos de trabajo: empleo juvenil, formalización y productividad, fortalecimiento del diálogo social, e institucionalización de la Remuneración Mínima Vital.

Política exterior

En los seis meses de Gobierno, se ha fortalecido la agenda bilateral y externa, y se han suscrito acuerdos en el marco del último Gabinete Binacional Perú - Bolivia.

Durante la VIII Cumbre de las Américas, que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, se adoptó el Compromiso de Lima, “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, documento impulsa por el Perú, con acciones concretas para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción en el hemisferio.

Desde la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico en manos del Perú, se avanzará las negociaciones con los Estados Observadores -Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur- a fin de que se conviertan en Estados Asociados.

El Perú promovió desde el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA), iniciativas para encontrar alternativas de solución a la crisis democrática, humanitaria y migratoria de Venezuela y que tiene un impacto regional.

 

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